La suma del poder político

Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo. Octavio Paz

Hace unas horas el senado de la Nación aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura (órgano que tiene en sus funciones el nombramiento y destitución de los jueces de la Nación Argentina), cuya composición consagra la ampliación de 12 a 19 de los cuales 13 son elegidos por el voto popular y baja de 2/3 a mayoría simple para nombrar o destituir jueces, esta reforma claramente inconstitucional dado que violenta deliberadamente el artículo 114 de la Constitución Nacional que señala que “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, implica lisa y llanamente la partida de defunción de la Argentina como República ya que le brinda al Poder Ejecutivo una tutela sobre el Poder Judicial imposible de ignorar. Un solo partido con una buena elección general y parlamentaria puede en un período de 2 años no solo ser titular del Poder Ejecutivo sino también tener mayoría en ambas cámaras (Senado y Diputados) y ejercer la tutela del Poder Judicial al condicionar el accionar de los jueces, lo que habilita la posibilidad que un solo partido de un signo político o alianza política entre partidos afines, tenga la SUMA DEL PODER PUBLICO. Este debe ser el peor momento en la vida institucional de la Argentina desde el retorno de la Democracia en el año 1983, dado que se no solo se votó por el Congreso de la Nación una ley claramente inconstitucional sino que también es un ensayo para ver el grado de tolerancia de la población frente al objetivo de máxima votar una Ley que consagre la Declaración de Necesidad de  Reforma de la Constitución sin las mayorías especiales de los 2/3 de los miembros de cada Cámara, adicionalmente las implicancias en la justicia son muy graves, si bien nadie negaba la necesidad de una reforma para mejorar la dinámica de los procesos judiciales, la supuesta democratización no hace más que convertir al Poder Judicial en un apéndice del Poder Político de la Argentina lo que lleva a preguntar ¿Quién controlará al Poder Político de turno?. Nuestra Carta Magna en su Primera Parte, en la sección “Declaraciones, derechos y garantías”, establece en el artículo 29, “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, pues bien los 38 senadores que hoy votaron esta ignominiosa reforma deberían ser juzgados como traidores, que así sea cuando cambien los aíres políticos en nuestra querida patria.